SANTO DOMINGO-(República dominicana)- Más de un 94 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas  afirmaron sentirse satisfechos con los servicios que ofrece al público  el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), según los resultados de sendas encuestas realizadas recientemente por dos reputadas firmas especializadas.

 Mediante comunicado de prensa, la institución destacó que los resultados están contenidos en la Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana sobre la Calidad de los Servicios que se ofrecen en el sector público, realizada por Sigma Dos, encomendada por el Ministerio de Administración Pública (MAP); y el Estudio de Reputación, Imagen y Satisfacción de los Servicios, a cargo de Gallup, encargada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Indica que los datos arrojados en las investigaciones de ambas firmas   encuestadoras sobre el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios que ofrece el MAPRE, presentan un promedio general de un 95.8 por ciento.

 “Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas tanto por el Ministerio de Administración Pública, mediante la encuestadora SIGMADOS, presenta un promedio general de 95.8% y la elaborada  por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, a través de la encuestadora GALLUP, arroja un promedio general de 94%”, subraya el documento de prensa.

 Señala que en estas encuestas fueron valorados elementos vitales como la fiabilidad, calidad de los servicios, la capacidad de respuesta, empatía, seguridad y elementos tangibles, como los materiales distribuidos por las instituciones, entre otros aspectos.

 Resalta que con estos resultados, el Ministerio Administrativo de la Presidencia se posiciona dentro de un ranking exclusivo de instituciones públicas que obtienen y mantienen estándares de excelencia en cuanto a la satisfacción al ciudadano en la administración pública.

Entre los servicios que brinda el MAPRE a través de sus diferentes instancias, figuran el programa de las políticas sociales, gestión de documentos, visitas- históricas – culturales al Palacio Nacional, ayudas comunitarias, atención al ciudadano, transparencia, así como calidad de los productos y servicios, entre otros.

 SANTO DOMINGO-(República Dominicana)- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, afirmó que la lucha contra la problemática global del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, constituye una prioridad para la República Dominicana, destacando en ese sentido, que implementan mayores acciones de cooperación y coordinación para lograr mejores resultados en la prevención, investigación y sanción de ese flagelo.

 Destacó que como parte de la lucha férrea e incesante que llevan a cabo contra el lavado de activos en el país, desde el año 2016 han redoblado los esfuerzos para superar con éxito el arduo proceso de evaluación-país, realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), el cual culminó en septiembre del año 2018 con resultados muy satisfactorios.

Rodríguez se refirió al tema al encabezar un encuentro con los fiscales titulares y procuradores de los diferentes departamentos judiciales, donde les presentó la Matriz General de Control de Casos del GAFILAT, que tiene como finalidad servir como evidencia para las siguientes evaluaciones que realizará ese organismo en el país.

 Durante su intervención en la reunión, el procurador dijo “A pesar de obtener la calificación positiva en la evaluación país del GAFILAT, en la que los avances en nuestro marco legal jugaron un factor clave, el esfuerzo apenas inicia”.

 En ese sentido, el jefe del Ministerio Público, valoró como altamente positiva las acciones que en el marco del plan de fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, se llevan a cabo.

 En ese mismo orden, expresó que “La alineación con la Estrategia Nacional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2017-2020, el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, y el análisis profundo de los resultados del informe de evaluación país, son algunos de los aspectos que merecen nuestra inmediata atención, nuestro mayor esfuerzo, individual y conjunto, a través de la coordinación interinstitucional y las alianzas público-privadas”.

 Dijo que a todo ello se agrega la incorporación de mejores prácticas, estandarizadas a partir de la experiencia de otros países con un gran camino recorrido en la batalla contra este flagelo.

 El magistrado Rodríguez mientras pronunciaba su discurso en la actividad, declaró que tomando en cuenta esos retos, el Ministerio Público ha establecido líneas a seguir a través de un plan de acción para este año 2019, que será revisado en pocos días por el Comité de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo junto a los otros planes que intervienen en esta lucha, a los fines de generar múltiples acciones que se relacionan y fortalecen entre sí, y que tendrán un efecto positivo en la calificación del país. 

 “Hoy, nos complace seguir avanzando y presentarles esta primera actividad del año contemplada en el Plan de Acción GAFI del 2019, así como el instrumento que se utilizará para recopilar la información que se origina en cada una de sus jurisdicciones, con el fin de que las estadísticas refuercen y reflejen el trabajo que todos estamos realizando”, resaltó al dirigirse a los miembros del Ministerio Público que participaron en el encuentro.

 La actividad tuvo lugar en la Escuela Nacional del Ministerio Público y contó con la participación de Gladys Sánchez, rectora de la Escuela Nacional del Ministerio Público; Wendy Lora, directora ejecutiva de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); el procurador de Corte de Apelación Fernando Quezada, director de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría General de la República, así como de procuradores fiscales titulares de diferentes distritos judiciales del país.

 En un comunicado de prensa a través del cual ofreció la información, la Procuraduría General de la República destaca que el encuentro fue realizado como parte de las acciones que buscan eficientizar el adecuado abordaje de esa actividad delictiva en la República Dominicana.

SANTO DOMINGO-(República Dominicana)- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en dos lecturas consecutivas, el proyecto que modifica la Ley 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, una de las iniciativas legislativas sometidas al Congreso Nacional por el presidente Danilo Medina tras su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero pasado.

 Con la modificación, la cobertura tope del precio de las viviendas de bajo costo pasa de RD$2.6 millones a RD$3.5 millones. Con esta medida, el Gobierno busca posibilitar  que un segmento de las familias dominicanas de clase media pueda adquirir su primera vivienda.

El estudio de la iniciativa había sido encomendado a una comisión especial, a la que el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, dio un plazo de 15 días para rendir el informe presentado hoy al hemiciclo, el cual fue acogido favorablemente por el hemiciclo.

 El proyecto de modificación fue sometido por el Poder Ejecutivo con el objetivo de que este régimen especial sea más inclusivo y abarque a un segmento mayor de la población.

 Con la modificación se aumenta a 3 millones quinientos mil pesos dominicanos el valor de referencia de las viviendas de bajo costo. Además, se exime del pago del impuesto de transferencia inmobiliaria a los adquirientes de primera vivienda, a través de un Fideicomiso de Vivienda de Bajo Costo que haya sido acreditado por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

 La comisión que estudió el proyecto de modificación estuvo presidida por el diputado Ramón Cabrera e integrada, además, por sus colegas Gustavo Sánchez, Máximo Castro Silverio, Wandy Batista, Julito Fulcar, Víctor Mencía, Miguel Espinal, Plutarco Pérez, Lucia Alba, Noris Medina y Héctor Feliz.

 Al presentar el informe, el diputado Ramón Cabrera dijo que la Ley fue modificada solo de forma, y no de fondo, y señaló, a seguidas, que la iniciativa del Poder Ejecutivo ha sido acogida favorablemente por todos los sectores de la vida nacional, porque facilita que más personas puedan adquirir viviendas de bajo costo.

 En tanto que el diputado Rafael Abreu, miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sostuvo que con la modificación, la referida Ley viene a llenar un gran vacío en la clase más humilde del país.

 De su lado, el diputado Wandy Batista, miembro también de la comisión especial que estudió iniciativa, saludó la decisión del Poder Ejecutivo de someter la enmienda, tras afirmar que la misma está pensada para favorecer a las personas de menor poder adquisitivo del país.

 Mientras que el diputado Héctor Darío Feliz definió la iniciativa como una de las más importantes de todas las que emprendido la administración de Danilo Medina, debido al impacto social que tendrá.

 Al respecto, el diputado Máximo Castro Silverio, quien también formó parte de la comisión especial que estudió el proyecto de modificación, opinó que la iniciativa le abre oportunidad a la gente pobre para que pueda resolver un asunto tan crucial, como lo es la adquisición de una vivienda.

"Se trata de un proyecto de alto contenido social", declaró, de su lado, el diputado Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al solicitar que la iniciativa legislativa fuera declarada de urgencia, liberada de debates y aprobada en dos lecturas consecutivas, como en efecto sucedió.

SANTO DOMINGO-(República Dominicana)- El proyecto de cheques de la República Dominicana, fue declarado de urgencia este miércoles en primera lectura por la Cámara de Diputados, y el pleno nuevamente lo envió a plazo fijo de una semana a comisión para modificar varios artículos.

La iniciativa del diputado Ramón Cabrera busca establecer las normas legales para el fortalecimiento y organización del uso del cheque como instrumento de pago en República Dominicana.

En el artículo 5 se establecen como condiciones para el libramiento, que solo puede librarse a cargo de un banco múltiple que mantenga fondos disponibles previamente depositados en la cuenta del librador.

La pieza legislativa establece que la apertura de la cuenta se hará en virtud de un contrato entre el librado y el librador, que faculte al librador a disponer de los fondos depositados en ella.

Se establece en uno de los párrafos, que en caso de negativa del pago del cheque por parte del librado, el librador estará obligado a demostrar que en la cuenta mantenida en un banco múltiple existía la debida disponibilidad de fondos. De no probarlo, el librador tendrá la obligación de garantizar el pago, aunque el protesto se haya hecho después de vencidos los plazos legales.

Se contempla además que  el librado solo estará obligado a pagar el cheque cuando exista la debida disponibilidad de fondos y cumpla con los requisitos indispensables de validez establecidos en esta ley y sus respectivos reglamentos, salvo las excepciones prescritas en el artículo 20 de la

Expresa que los bancos de ahorro y crédito, las asociaciones de ahorros y préstamos, el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) y el Banco Agrícola de la República Dominicana, solo podrán emitir cheques de gerencia o administración en la forma prevista en esta ley, para cubrir necesidades de libramiento propias de estas entidades.

Otro de los artículos precisa que todo librado que rehúse pagar un cheque válidamente emitido a su cargo, teniendo previa disponibilidad de fondos, y cuando no haya ningún embargo retentivo u oposición a pago, ni se cumplan ninguna de las causales para el rehusamiento establecidas en el artículo 20 de esta ley, podrá ser declarado responsable del daño que resultare de la falta de pago.

Asimismo, cuando el librado realice el pago de un cheque que resultare falso, el librado estará en la obligación de reponer en la cuenta del librador los valores por el importe del cheque falso pagado indebidamente, en el plazo de cinco días francos a partir de la fecha de la reclamación, independientemente de que el librado haya concluido o no las gestiones que le permitan cubrir esta contingencia.

Otros proyectos aprobados

Los diputados además aprobaron una comisión especial que se encargará de estudiar los contratos de ventas de terrenos por parte del Estado a particulares en el municipio de Haina, provincia de San Cristóbal.

El presidente de la Cámara de Diputados Radhamés Camacho informó que dicha comisión especial la coordinará el diputado Lupe Núñez, e integrada por José Laluz, Ana María Peña, Luis Vargas, Antonio Suriel, Afif Rizek, Olfalina Almonte, Ginette Bournigal, Napoleón López, Rafael Arias, Ruddy Hidalgo, Fausto Ruiz, Hilda Genao y Elsa de León.