Justicia (18)
Santo Domingo (R. Dominicana).-El Poder Judicial realizó este jueves el lanzamiento de la “Biblioteca Virtual de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)”, con el propósito de crear una base de conocimiento para la comunidad jurídica.
Este portal, que surge con la idea de ampliar progresivamente sus contenidos, permitirá encontrar de forma certera los fallos judiciales para dar respuesta oportuna a las necesidades de información y conocimiento jurídico.
El director de la ENJ, Dr. Dariel Suárez, destacó la importancia de esta biblioteca virtual. “Lo que presentamos hoy ante ustedes es una plataforma web de consulta avanzada, con jurisprudencia, legislación, doctrina y otros materiales útiles que sirvan para la generación de conocimiento en la toma de decisiones de los tribunales del Poder Judicial, y para su acceso por parte de los miembros de la comunidad jurídica”, indicó Suárez.
Mientras que el juez coordinador del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, magistrado Claudio Aníbal Medrano, valoró como positiva la integración de la Biblioteca Virtual de la ENJ al esquema de la Biblioteca de esa provincia de la región Norte. “Estamos felices de que la Escuela Nacional de la Judicatura siga siendo un centro de innovación”, afirmó Medrano.
La biblioteca está compuesta por anaqueles, y sus contenidos son de libre acceso, tanto para consulta en línea como para descarga. Inicialmente, dispondrá de todas las publicaciones de la Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial de manera gratuita. Luego se prevé la incorporación de otros materiales jurídicos relevantes.
Se pueden consultar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Constitucional, teniendo como fuente oficial el Boletín Judicial; mientras que las leyes tendrán como fuente la Gaceta Oficial.
La Escuela realizará campañas de capacitación que pretenden llevar a los usuarios a descubrir nuevas formas de obtener información y, en consecuencia, ampliar sus conocimientos.
La nueva biblioteca virtual cuenta con servicio de atención digital y con un personal entrenado en atención al usuario.
Esta medida forma parte del Plan Estratégico Visión Justicia 20|24, específicamente en su segundo eje de Servicio Judicial Oportuno y Eficiente, el cual busca lograr una justicia accesible y confiable apoyado en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
Para acceder a la Biblioteca Virtual de la Escuela Nacional de la Judicatura puede ingresar al siguiente enlace: https://biblioteca.enj.org
Santo Domingo (R. Dominicana).-El Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial cambió a garantía económica de cinco millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica la medida de coerción impuesta a Kelvin Francisco Núñez Morel (Payaso Kanqui), imputado por abuso sexual contra varios menores de edad.
Mito Núñez, representante legal de Kanqui, dijo que su cliente seguirá en prisión, ya que no cuenta con esos recursos para pagar la fianza.
"Él no ha visto esa cantidad de dinero junto nunca en su vida", aseguró Núñez.
El jurista entiende que el Tribunal, que preside el magistrado Sergio Furcal, condenó a Kanqui con esa medida.
Se recuerda que el 12 de abril del 2019 una jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción, fungiendo como Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dictó tres meses de prisión preventiva contra Kelvin Francisco Núñez Morel, quien supuestamente abusó sexualmente de varios menores de edad.
Núñez fue apresado luego de que las supuestas víctimas hicieron la denuncia en un reportaje televisivo de la comunicadora Addys Burgos de CDN, canal 37, donde denunciaron los alegados abusados sexuales por parte de Kanqui.
Santo Domingo (R. Dominicana).-Defensores públicos y abogados contratados de la Oficina Nacional de la Defensa Pública iniciarán mañana miércoles un paro de labores de 72 horas, en protesta por atrasos en el pago de sus sueldos y pretensiones de eliminar derechos adquiridos en la institución.
De acuerdo con un comunicado, el paro se realizará a nivel nacional desde las 8:00 de la mañana del miércoles 5 de agosto hasta el viernes a las 7:00 de la noche. De no ser escuchados sus reclamos podrían radicalizar su lucha.
“En los últimos meses hemos venido padeciendo de incumplimiento con las fechas de los pagos por parte de la administración, con el fin de resolver ese problema nos hemos reunidos con el director y le hemos planteado los grandes trastornos que causa al presupuesto nuestro esa irregularidad”, expresa una comunicación firmada por la Asociación Dominicana de Defensores Públicos.
En el país solo hay 124 defensores públicos y se necesitan 500
Otro agravante
Otra situación que preocupa a los defensores públicos y abogados contratados en esa institución es que se les ha informado que desde el Ministerio de Administración Pública (MAP) tienen pretensiones de eliminar el bono vacacional.
“El pago del bono vacacional que hasta febrero se vino otorgando a los defensores públicos y abogados contratados será eliminado, pues según nos informa la dirección, la ley no contempla que lo recibamos, no obstante, todo el personal del Poder Judicial lo recibe, todos los empleados del Ministerio de administración Pública lo reciben, los empleados del Banco Central, la Superintendencias de Banco, entre otros”, expresa el comunicado.
Importancia de este servicio
En marzo del año pasado la Oficina Nacional de Defensa Pública contaba con alrededor de 151 defensores públicos de carrera, cuando la demanda es de que hayan por lo menos 500. Esto genera sobrecarga de trabajo para los defensores, cada uno tenía que trabajar en la defensa de 250 ciudadanos en conflicto con la ley penal, según cálculos de Defensa Pública.
Además, lleva aproximadamente el 75% de todos los procesos penales del país, lo que promedia entre 25,000 a 26,000 casos anuales.
El expediente fue apoderado al tribunal que preside Francisco Jerez Mena, luego de que el pleno de la Suprema Corte decidiera desapoderarse del caso y remitirlo en contra de otros cinco imputados por ante la jurisdicción ordinaria.
Ahora, solamente falta que la presidencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema, emita el auto de fijación de la audiencia, estableciendo el día en que deberá conocerse el juicio de fondo seguido en contra del legislador por San Cristóbal.
Tan pronto el tribunal notifique el auto de fijación de audiencia la defensa del Senador y el Ministerio Público tendrán un plazo de cinco días para presentar cuestiones incidentales, excepciones y recusaciones de que se funden en nuevos hechos.
Mientras que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fijó para el 20 de abril el conocimiento del juicio de fondo seguido al empresario Ángel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y Andrés Bautista, también vinculado al caso Odebrecht.
El vicepresidente del Senado, Arístides Victoria Yeb, presentó un informe ejecutivo al pleno senatorial de la pieza legislativa, y solicitó que la misma sea incluida en el orden del día y declarada de urgencia. Esta iniciativa procede de la Cámara Diputados.
La pieza legislativa tiene como objetivo establecer el marco jurídico del Régimen de Garantías Mobiliarias, el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, los Procesos de Ejecución relacionado con dichas garantías, así como un régimen legal unitario para la Constitución, efectividad, publicidad, registro, prelación, ejecución y todo lo relacionado con las mismas.
La norma refuerza la seguridad jurídica para hacer negocios en el país y será altamente beneficiosa para las pequeñas y medianas empresas, ya que permitirá dinamizar el crédito dirigido a este sector que compone la mayor parte de la cadena productiva de la economía de la nación.
También, fue sancionado en primera lectura, el proyecto de ley que modifica los artículos 4, 9 y 17 de la Ley No. 542-14 que introduce modificaciones a la Ley No. 392-07, sobre Competitividad e Innovación Industrial. Esta iniciativa es procedente del Poder Ejecutivo.
Este proyecto procura actualizar los instrumentos económicos que son útiles para la renovación y modernización del sector industrial, introduciendo modificaciones en la composición y facultades del órgano rector de PROINDUSTRIA, el tratamiento tributario y los mecanismos de renovación.
La misma fue presentada al pleno por el senador Charle Noel Mariotti Tapia.
Los senadores sancionaron, además, este lunes en única lectura el proyecto de Transparencia y Revalorización Patrimonial; así como el proyecto de Alianza Público Privada.
Ambas iniciativas fueron remitidas por la Cámara de Diputados, y presentadas al pleno senatorial por el senador Charle Noel Mariotti Tapia, quien también solicitó que ambas fueran incluidas en el orden del día.
Segunda Lectura
Los legisladores sancionaron en segunda lectura el proyecto de Ley Orgánica que Regula la Protección al Derecho a la Intimidad, al Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen.
Esta iniciativa es autoría de los senadores José Rafael Vargas y Juan Olando Mercedes Sena.
La pieza legislativa establece que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medio que le permitan perfeccionarse de broma igualitaria equitativo y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compactibles con el orden público, el bienestar general y los derechos todos y todas.
Señala, además, que el respeto a la vida privada y a la intimidad tanto personal como familiar se constituye en un valor fundamental del ser humano, esta iniciativa busca tutelar y dictar medidas para evitar violación, así como para intentar subsanar los daños ocasionados.
También, conocieron el proyecto de ley de mediante el cual se designa con el nombre de doctor Luis Eduardo Morel Pouerié al Palacio de Justicia de la ciudad de El Seibo, de la autoría del senador, Santiago José Zorrilla.
En la sesión de este lunes, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dejó conformada una comisión especial, integrada por los senadores Dionis Sánchez, Manuel Paula y Edis Mateo, para entregar un pergamino de reconocimiento a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Centro Barahona, por los cincuenta años de inicio de sus operaciones.
Los senadores, aprobaron, además, en única lectura una resolución de reconocimiento y felicita al equipo de béisbol Toros del Este, como equipo campeón de la temporada de Béisbol 2019-2020, y por poner en alto el nombre de la República Dominicana al coronarse campeón de la Serie del Caribe, celebrada en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.
El presidente del Senado dejó conformada una comisión integrada por todos los senadores del Este, además, de los senadores Antonio Cruz y Euclides Sánchez para entregar el reconocimiento.
También, fue sancionada una resolución que conforma el grupo Parlamentario de Amistad entre la República de la India y la República Dominicana, iniciativa del senador Luis Rene Canaán Rojas.
Santana es hija de Hipólito Santana, fallecido propietario de la clínica Integral de Santo Domingo Este.
En la sentencia, la Suprema Corte de Justicia devolvió el expediente a un tribunal ordinario para que conozca el juicio de fondo a Santana. El caso lo llevará el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste.
El abogado Plutarco Jáquez y la señora Diolandita Cabrera, quien es la madre de Carla Massiel, reaccionaron satisfechos por la decisión de la Suprema Corte y dijeron que van en busca de una condena de 30 años contra la imputada.
“No importa que hayan pasado cinco años y medio, nosotros vamos a proseguir con este proceso. Esta decisión de la Suprema es importante porque crea un precedente que le dice a las personas que no importa que el Ministerio Público esté en contra suya, que usted como víctima esté solo. La Suprema le dice a cada ciudadano que puede presentar su acusación de manera particular y tendrá respuesta”, dijo Plutarco Jáquez.
La sentencia que Liliana Santana había recurrido ante la Suprema Corte de Justicia fue emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo Este, la cual revocó el No Ha Lugar dictado a su favor en mayo de 2018 y emitió un Auto de Apertura a Juicio en su contra y de Darwin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez.
En febrero del año pasado Trinidad Infante y Cabral Martínez fueron condenados a 30 años de prisión, tras ser encontrados culpables del secuestro y muerte de Carla Massiel Cabrera en agosto de 2015, en un largo proceso que estuvo a cargo de la jueza Hilda Sánchez.
El asesinato
La niña Carla Massiel desapareció el 25 de junio de 2015, tras salir de un culto evangélico en proximidades de su residencia en la comunidad de Los García, del municipio de Pedro Brand, y su cadáver fue encontrado el 16 de agosto de 2016 en un lugar cercano.
Al iniciar sus palabras ¡En nombre de la República!, comprometió a juezas y jueces a ser honorables y dedicados para proteger la honra y el trabajo y garantizar la probidad que sostiene la confianza en las instituciones. “Nuestra independencia como jueces no radica solo en la neutralidad de nuestras sentencias, se nutre de la conducta diaria, antes, durante y después de dictar sentencia”, señaló.
El magistrado Molina Peña pronunció el discurso de la audiencia solemne que, como es de rigor, celebró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en presencia del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y con la asistencia de representantes del sistema judicial, la comunidad académico-jurídica, así como los órganos constitucionales, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
Durante sus palabras, esbozó el plan estratégico denominado Visión Justicia 20/24, que inició con un camino de consultas observando con distintas lentes las problemáticas del sistema: “Enfrentamos retos grandes, es tiempo de hacerles frente”, indicó al describir su compromiso de asegurar un sistema de justicia con certeza jurídica que haga posible la convivencia pacífica y el desarrollo económico. “Llevar acceso digno a las distintas instalaciones, con respuesta pronta a quienes requieren servicios eficientes”.
“La protección en igualdad ante la ley demanda especial sensibilidad hacia quienes hoy son más vulnerables. En ese ámbito, la forma en que la violencia contra las mujeres se ha expresado en nuestro país constituye un dolor y una gran vergüenza que debe llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción”, proclamó Molina Peña.
Explicó que en cada departamento judicial habrá Centros Especiales de Entrevistas para víctimas de violencia en materia de género, conocidos como Cámara Gessel, para garantizar la privacidad y evitar la revictimización de las mujeres y que la Escuela Nacional de la Judicatura, desarrollará a partir de marzo un programa nacional de entrenamiento y sensibilización al personal judicial y administrativo.
Al mencionar al juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, doctor José Trías Monge, resaltó el criterio de que “la justicia tardía pierde el derecho a su nombre”. “No es posible que ciudadanos y ciudadanas tengan la vida suspendida, porque no sale una decisión de los tribunales. O que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas de urgencia para protegerlo estén en retardo”, declaró.
Llamó a limitar con firmeza y decisión las maniobras dilatorias injustificadas que retardan los procesos judiciales y aplicar mecanismos administrativos y hasta trabajar en horario extendido para acabar con la mora judicial. En ese sentido, informó que la Suprema Corte de Justicia tiene 18,357 casos pendientes de resolución y anunció que asumirá de inmediato los casos de mayor antigüedad, y de inmediato se encargará personalmente de los expedientes de la primera década de este siglo.
Aseguró también combatir la inequidad en la distribución de la carga judicial, lo que implicará mecanismos distintos de distribuir los casos entre los tribunales y jueces y de administrar de forma más eficiente el presupuesto del Poder Judicial. “No es razonable que, si nuestra principal tarea es impartir justicia, la totalidad de nuestros tribunales accedan solo al 68% del presupuesto, mientras que el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración recibe el 32%”, declaró.
El presidente de la SCJ resaltó el trabajo de juezas y jueces y sostuvo que da fe y testimonio de la honorabilidad y la excelencia de su inmensa mayoría, destacando que hoy día 774 de los 778 jueces y juezas son de carrera.
En adición, Molina Peña ha concebido un sistema de integridad para el fortalecimiento de las normas éticas y del régimen disciplinario, “Una justicia más transparente para tener más confianza en su servicio”. Con ello se persigue un mayor rigor y cumplimiento de las reglas, mayor capacidad de rendición de cuentas y evaluación de indicadores de desempeño.
Incluye, además, un plan de formación permanente de los jueces, que fortalezca el enfoque en la calidad de los fallos y la reducción de errores.
“Con humildad, pero también con la responsabilidad que supone hacerlo en nombre de la República y en representación de este grupo excepcionalmente formado y trabajador, de mujeres y hombres que integran nuestro Poder Judicial, les pido a los dominicanos y dominicanas apoyo, tiempo y fe”, proclamó el magistrado Luis Henry Molina Peña, resaltando que este proceso de transformación requiere de tiempo, continuidad y estabilidad.
En la Audiencia Solemne, que introdujo varios cambios en esta ocasión, se incorporó por primera vez una barra con testigos de honor en representación de sectores en condición de vulnerabilidad.
Kenia Lora, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), participó en representación de niños y niñas; Soraya Lara Caba, presidenta del Patronato de Ayuda a las Mujeres Maltratadas (Pacam), por las mujeres víctimas de violencia; mientras que por las personas con discapacidades asistieron Mery Pérez de Marranzini, presidenta fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, y Francina Hungría, que preside la fundación homónima.
Los actos oficiales se iniciaron esta vez con la audiencia solemne, celebrada a las 9:00 de la mañana en la Sala Augusta de la SCJ; le siguieron una misa de acción de gracias en la catedral, presidida por monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo de Santo Domingo, y una ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde pronunció unas palabras el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
Santo Domingo (R. Dominicana).-La falta de opinión de la entidad que dictó una ley, una resolución, un reglamento o cualquier otro acto que haya sido impugnado, no constituye un obstáculo para que el Tribunal Constitucional conozca y falle una acción directa de inconstitucionalidad que se le sometan, siempre que haya transcurrido el plazo legal otorgado a los órganos para emitir su parecer.
La ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, establece que las acciones directas de inconstitucionalidad deben ser notificadas por el presidente del TC al Procurador General de la República y a la autoridad de la que emane la norma o acto cuestionado, para que manifiesten su opinión en el plazo de 30 días.
“La falta de dictamen del Procurador o de las observaciones de la autoridad cuya norma o acto se cuestione no impide la tramitación y fallo de la acción en inconstitucionalidad”, establece el párrafo del artículo 39 de la ley 137-11.
Lo que sí obliga la norma legal al TC es a cumplir con el requisito de convocar a una audiencia pública cuando concluya el plazo de los 30 días que la ley 137-11 concede a los órganos que emitieron el acto para que den su opinión o su dictamen, cuando se trata del ministerio público. Pero en esa audiencia, las partes solo van a presentar sus conclusiones, es decir, sus peticiones, pues no se trata de un espacio para debates.
A partir de esa fecha, el expediente queda en estado de fallo y el TC dispone de 4 meses para decidirlo, aunque no siempre se cumple, por lo general por no lograr el quórum requerido de contar con el voto de 9 de 13 jueces que integran la alta corte.
Incluso, tampoco es un obstáculo para que la acción sea fallada, la falta de asistencia a la audiencia pública, porque la ley 137-11 también contempla que la no comparecencia de las partes no impide el fallo de la acción.
En tanto, la ley faculta a la Alta Corte a requerir informes técnicos a instituciones públicas y privadas para una mejor sustanciación de la acción.
Opinión de la JCE
De las disposiciones de la ley sobre los procedimientos constitucionales se colige que es un trámite normal que se está agotando cuando el TC solicita una opinión a la Junta Central Electoral (JCE), con motivo de la acción directa en inconstitucionalidad sometida por un exprecandidato a diputado.
Esto se debe a que mediante esa instancia de inconstitucionalidad no solo se objetaron disposiciones de la ley de partidos políticos y de régimen electoral, sino también el artículo 10 del reglamento para la escogencia de candidatos y candidatas mediante convenciones o encuestas, dictado por la JCE el 7 de mayo de 2019.
Además de ese reglamento de la Junta, el exprecandidato por el PLD, Daniel Beltré Acosta atacó el numeral 4 del artículo 49 de la ley 33-18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y el artículo 134 de la ley 15-19, de régimen electoral.
Esos textos prohíben a un precandidato de un partido postularse por otro en el mismo evento electoral, en los cuales se basó la JCE para emitir el reglamento sobre la elección de candidatos a través de convenciones y encuestas.
Esas disposiciones han sido objeto de interpretaciones encontradas de parte de juristas.
En ese escenario se encuentra el expresidente Leonel Fernández, que fue precandidato por el PLD en las primarias del 6 de octubre. Aunque abogados allegados al exmandatario afirman que no se le aplican esas prohibiciones y que no está impedido legalmente de participar por otra organización, está en poder del TC definir tanto su situación como la de otros precandidatos, cuando decida la acción de inconstitucionalidad que interpuso Beltré Acosta, cuyos efectos son vinculantes.
Requisito legal
Requerir una opinión a un órgano cuyo acto ha sido objetado es un trámite normal. Es un requisito de la ley 137-11 que deben agotar la JCE y cualquier otra institución, cuyas actuaciones sean cuestionadas en inconstitucionalidad.
La opinión
Cuando solo se impugna una ley, además del procurador, la opinión se les solicita a las cámaras legislativas, tanto al Senado como a la cámara de diputados, que por lo general defienden la norma que aprobaron, pero en ocasiones dejan la decisión a la soberana apreciación de los jueces constitucionales.
Su participación no solo se limita a emitir una opinión, sino que también están representadas en la audiencia pública en la que se conoce el expediente.
Este martes, la defensa técnica del imputado Pittaluga Arzeno pidió que el conocimiento en única instancia de los procesos en jurisdicción privilegiada sea declarado no conforme con la Convención Americana de Derechos Humanos y que la Suprema Corte de Justicia se encargue de dictar el procedimiento al respecto. Los abogados solicitaron, además la nulidad del proceso por violación del derecho de defensa, al principio de igualdad de armas, dignidad e intimidad.
Los abogados indicaron, además, que el Ministerio Público no les permitió tener acceso a las pruebas durante la investigación.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña estableció, al finalizar la audiencia, que la defensa de Pittaluga dispondrá de un hora para concluir con la presentación de sus incidentes y que el Pleno ha decidido conceder la oportunidad a todos los abogados para que en el ejercicio de su derecho de defensa puedan referirse a las peticiones formuladas por los representantes legales de los demás imputados.
Para ello, el magistrado presidente indicó que tendrán un tiempo máximo de 30 minutos.
De igual forma, Molina agregó que concluidas las participaciones de las defensas técnicas, el tribunal concederá la palabra al Ministerio Público, para que se refiera a todas las solicitudes realizadas por los abogados de los imputados.
Una vez sean recibidas todas las intervenciones de las partes, el tribunal se retirará a deliberar y decidir las peticiones formuladas.
SANTO DOMINGO.-El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Danilo Medina, continuó hoy las evaluaciones de los 78 candidatos postulados para ocupar las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En la jornada, que se extendió por aproximadamente diez horas, se evaluó al segundo grupo compuesto por 26 candidatos, de 78 que serán entrevistados.
Cada candidato tuvo la oportunidad de motivar su interés en formar parte de la SCJ y de responder a las preguntas formuladas por los consejeros, en un ambiente participativo, ordenado y transparente.
Aspirantes entrevistados en segunda jornada
Los 26 aspirantes entrevistados hoy, en orden alfabético, en el Salón Verde del Palacio Nacional fueron:
- Ramón H. González P., juez de la Corte Penal del Distrito Nacional.
- Julisa G. Hernández Rivera, Ministerio Público.
- Manuel A. Hernández Victoria, juez de la Corte Penal de Santo Domingo.
- Carmen E. Mancebo Acosta, jueza de la Corte Penal del Distrito Nacional.
- Mario Nelson Mariot Torres, juez de la Corte Penal de La Vega.
- Waskar E. Marmolejos, abogado.
- Modesto A. Martínez Mejía, juez de la Corte Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.
- Daira C. Medina Tejeda, juez de la Corte Penal de Santo Domingo.
- Claudio A. Medrano Mejía, juez presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís.
- Jorge E. Méndez, abogado.
- Yobanny Antonio Mercado Rodríguez, juez de la Corte Penal de Santiago.
- Miguel P. Minguijón Abreu, juez de la Corte de Trabajo de La Vega.
- Luis Henry Molina Peña, abogado.
- Segundo Eligio Monción, juez del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Norte.
- Justiciano Moreno Montero, juez presidente de la Corte Civil del Distrito Nacional.
- Yokaury Morales Castillo, jueza de la Corte Civil del Distrito Nacional.
- Wilson F. Moreta Tremols, juez de la Corte Penal de Santiago.
- Bernabel Moricete Fabián, juez presidente de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega.
- Ysis Muñiz Almonte, jueza Corte Penal del Distrito Nacional
- Daniel Nolasco Olivo, juezCorte del Distrito Nacional
- Sergio A. Ortega, juez Corte Trabajo del Distrito Nacional
- Mercedes Peralta Cuevas, jueza Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central
- Sonia M. Perdomo Rodríguez, jueza Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central
- Juan Proscopio Pérez Minyety, juez presidente Corte Civil de San Cristóbal
- Ana María Pérez Zapata, jueza Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís
- Trajano V. Potentini A., abogado
Transmisión en vivo
Las entrevistas fueron transmitidas en vivo a través de las páginas web de la Presidencia de la República y del CNM, por el canal 4RD y las emisoras Dominicana FM y Quisqueya FM, entre otros medios.
De igual modo, las fotografías y los videos del proceso están disponibles en las plataformas digitales de la Presidencia de la República y del CNM.
Además del presidente Danilo Medina, quien encabeza el CNM, todos los consejeros estuvieron presentes en esta jornada de evaluación:
- Mariano Germán Mejía, presidente de la SCJ.
- Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado.
- Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República.
- Radhamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados.
- José Paliza, senador por la provincia Puerto Plata y presidente del Partido Revolucionario Moderno.
- Josefa Castillo, diputada por el Partido Revolucionario Moderno.
- Fran Soto, juez de la SCJ y secretario del CNM.
Se recuerda que ayer fueron entrevistados otros 26 candidatos, por lo que asciende a 52 la cantidad de aspirantes evaluados.
Las entrevistas públicas de los últimos 26 profesionales del derecho postulados para ocupar las plazas vacantes de la SCJ se llevarán a cabo este viernes 29, a partir de las nueve de la mañana.
Más...
SANTO DOMINGO-(República Dominicana)- El Ministerio Público del Distrito Nacional solicitará hoy medidas de coerción contra la señora Fatin Leonarda Falcón Alvino, de 34 años, empleada doméstica a quien se le atribuye la muerte de la nacional española Cristina García Torne, de 49 años de edad, hallada muerta este viernes 22 de marzo en su residencia, ubicada en la Torre Pedro Henríquez Ureña, apto 12 Norte, del sector La Esperilla.
Según el informe de la investigación, el marido de la hoy apresada Fatín Leonardo Falcón Alvino, Juan Gabriel Germán Cabrera, alias la Garza y /o Gaviota, se hizo pasar por mensajero, para recoger el dinero y las prendas que había sustraído su compañera, ya que en el edificio no permiten a los empleados bajar con paquetes.
Indica que al darse cuenta la señora García de lo que estaba ocurriendo, tras dos llamadas realizadas a su esposo, se frustró parte del plan de los implicados, mientras que la trabajadora al sentirse descubierta, respondió dándole varias estocadas con arma blanca a la señora García, ocasionándole la muerte y escapando por el área de servicio.
Por el hecho se encuentra prófugo Juan Gabriel Germán Cabrera (La Garza y/o Gaviota), mientras que, mediante orden de allanamiento fue requisada la vivienda de los implicados, ubicada en la calle Santomé, parte atrás, 3er piso, pintada de color zapote, detrás de la Escuela Don Gregorio, sector Don Gregorio, Nizao, Provincia San Cristóbal, sin que se encontraran rastros.
La dirección de la investigación está encabezada por la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y los fiscales a cargo de la investigación, Pedro Frías, director del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas, y los fiscales Miguel Crucey y Gabriela Gómez Garrido. Las labores de investigación se han realizado con la cooperación de la Policía Nacional.
Durante rueda de prensa, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, explicó que durante la labor conjunta del Ministerio Público y la Policía han recabado suficientes evidencias testimoniales, materiales y visuales del momento en que el prófugo se hizo pasar por mensajero para penetrar a la vivienda con la complicidad con su compañera sentimental.
Según declaraciones del esposo de la víctima, el nacional guatemalteco José María Martínez Leal, de 58 años, a eso de las 15:14 se encontraba en una reunión de negocios, momento en que recibió una llamada de su esposa, explicándole que a eso de las 3:00 pm recibió una llamada del lobby de la torre para que bajara porque un mensajero lo estaba buscando, por lo que bajó y no encontró a nadie, retornando nuevamente al apartamento donde encontró la puerta abierta, una bolsa conteniendo un chaqueta negra, un cuchillo de cocina color mamey y dinero en efectivo.
Durante la llamada él le indicó que llamara al lobby para que informara de lo había encontrado. Tras colgar el teléfono, 27 minutos después, recibió nuevamente una llamada de su esposa, momento en que escuchó un grito, acelerando la marcha a su residencia, pero al momento de llegar su esposa ya había sido ultimada.
En el lugar del hecho la policía científica colectó un celular, marca Iphone, propiedad de la occisa, un abrigo negro, varias hebras de cabello en las manos de la occisa, un cuchillo de (11) once pulgadas color mamey en el área de servicio y varias manchas de sangre dentro del apartamento.
SANTO DOMINGO-(República Dominicana)- El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, encabezó la inauguración del primer Centro de Mediación y Conciliación de la provincia de Santo Domingo.
El centro tiene como objetivo principal promover los mecanismos alternos de resolución de conflictos derivados de los tribunales penales.
El magistrado Germán Mejía declaró que el Centro ofrecerá a la ciudadanía solución a sus problemas sin la necesidad de acudir a un juicio regular.
Indicó que en esos Centros son admitidas contravenciones, infracciones de acción privada, infracciones de acción pública a instancia privada, homicidio culposo e infracciones que admiten el perdón judicial de la pena.
Sustentó que cualquier persona puede acudir de manera directa y voluntaria al Centro para recibir el servicio de mediación con el objetivo de resolver entre las partes sus propios conflictos familiares y comunitarios. Recordó que el Centro de Mediación Familiar (Cemefa) ha estado prestando servicio en la materia por más de 12 años a través del Centro de Mediación del Distrito Nacional y las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) diseminadas en todo el país, con la finalidad de mejorar el acceso de la sociedad a soluciones justas y ampliamente satisfactorias para las partes.
Dijo que otra de las ventajas de los Centros es que minimiza los costos económicos a que normalmente se incurre en las intervenciones judiciales, promoviendo con ello una cultura de paz.
“En la actualidad, el sistema de justicia inicia por la parte más compleja y costosa del proceso, que es el juicio de fondo, cuando en realidad debería ser por la parte más ágil y gratuita, que son los métodos alternos de resolución de disputas, como es la conciliación y la mediación”, insistió el Presidente del Poder Judicial.
Explicó que este centro representa un paso hacia la modernidad en la forma de administrar una justicia más humana y empática en nuestro país. El 9 de marzo de 2006, el pleno de la Suprema declaró como política pública la implementación y promoción de los mecanismos alternos de resolución de conflictos en los tribunales de todo el país.
Autoridades que asistieron al acto de inauguración
Estuvieron presentes el magistrado Etanislao Rodríguez, miembro del CPJ; Walter Cordero, coordinador de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del Poder Judicial, y el magistrado Eduardo Sánchez, presidente en funciones de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo y Nidia Reynoso, coordinadora del centro inaugurado. fuente elcaribe.
SANTO DOMINGO-(República Dominicana)- El secretario de finanzas suspendido del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Díaz Rúa, solicitó durante un momento de la audiencia de este lunes del caso Odebrecht que el Ministerio Público explique las razones por las que no incluyó en la acusación una adenda de la autovía del Coral firmada por el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo.
Díaz Rúa, quien fue el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones o exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández tomó el turno e hizo la solicitud al juez Francisco Ortega.
“Yo quiero que se me explique porqué el Ministerio Público no habla de la adenda 5 que no fue al Congreso, y que tiene un monto mucho menor de lo que efectivamente se pagó. Me gustaría que explicaran eso porque me tiene un poco confundido porque no aparece la adenda 5 firmada por Gonzalo Castillo no aparece en la acusación”, dijo Díaz Rúa.
El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, pidió a Laura Guerrero Pelletier, directora de la PEPCA, explicar, cuando les corresponda responder a las defensas, por qué la adenda 5, firmada por Gonzalo Castillo, no aparece en la acusación
Posterior a su señalamiento el abogado de Conrado Pittaluga, Edward Veras, defendió que “el contrato entre Conrado Pittaluga y Odebrecht para Autopista El Coral está conforme a la normativa. Dice que la Ley 302 sobre honorarios establece un mínimo, pero no un máximo de lo que se debe cobrar un abogado como honorario”.
DUARTE-(República Dominicana):- Fueron sentenciados a 20 años de prisión dos hombres que fueron acusados por el Ministerio Público de haber intentado quitarle la vida a sus exparejas tras agredirla de varias estocadas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Las sentencias condenatorias fueron impuestas por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la provincia Duarte en contra de Tomás Leonardo Burgos y de Willy Lugo Kingley, alias Lachy, quienes le propinaron 21 y 28 estocadas de arma blanca a sus respectivas exparejas, cuyos nombres se omiten por razones de seguridad.
En un comunicado de prensa difundido por el Ministerio Público se informó que ambos fueron condenados por la violación de los artículos 2, 295, 296, 309-1, 309-2 y 309-3, letras A, B, C, D, E, F y G del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.
El tribunal ordenó que Tomás Leonardo Burgos y Willy Lugo Kingley cumplan sus respectivas sentencias condenatorias en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, del municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
El expediente instrumentado por el Ministerio Público contra Tomás Leonardo Burgos, establece que el condenable hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2017, mientras la víctima se encontraba laborando en una Banca de Lotería del municipio de Pimentel en esta provincia.
En tanto que la acusación contra Willy Lugo Kingley indica que éste agredió a su expareja durante un incidente ocurrido el 28 de marzo del pasado año en momentos que se presentó a la residencia de la víctima a llevar un menor de edad que había procreado con la víctima.
El tribunal, compuesto por los jueces Nilsa Marte, Carminia Caminero y Rogi Del Carmen Figueroa, dictaron las sentencias condenatorias luego de acoger la petición hecha por los fiscales de este distrito judicial, quienes demostraron con distintas pruebas la comisión de estos graves hechos que causaron gran indignación en esta provincia.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público detalló que la Investigación estuvo a cargo de la fiscal Gladys Germán Bonilla, mientras que la litigación en juicio de fondo estuvo a cargo de la fiscal Sandra Sierra Difó, ambas procuradoras fiscales del Distrito Judicial de Duarte.
El órgano acusador calificó de positiva la sentencia en la lucha contra la violencia de género, al tiempo que destacó que cada día están haciendo los mayores esfuerzos para lograr que esos graves hechos sean condenados de manera justa.
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