SANTO DOMINGO-(República Dominicana)- El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, encabezó la inauguración del primer Centro de Mediación y Conciliación de la provincia de Santo Domingo.

El centro tiene como objetivo principal promover los mecanismos alternos de resolución de conflictos derivados de los tribunales penales.

El magistrado Germán Mejía declaró que el Centro ofrecerá a la ciudadanía solución a sus problemas sin la necesidad de acudir a un juicio regular.

Indicó que en esos Centros son admitidas contravenciones, infracciones de acción privada, infracciones de acción pública a instancia privada, homicidio culposo e infracciones que admiten el perdón judicial de la pena.

Sustentó que cualquier persona puede acudir de manera directa y voluntaria al Centro para recibir el servicio de mediación con el objetivo de resolver entre las partes sus propios conflictos familiares y comunitarios. Recordó que el Centro de Mediación Familiar (Cemefa) ha estado prestando servicio en la materia por más de 12 años a través del Centro de Mediación del Distrito Nacional y las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) diseminadas en todo el país, con la finalidad de mejorar el acceso de la sociedad a soluciones justas y ampliamente satisfactorias para las partes.

Dijo que otra de las ventajas de los Centros es que minimiza los costos económicos a que normalmente se incurre en las intervenciones judiciales, promoviendo con ello una cultura de paz.

“En la actualidad, el sistema de justicia inicia por la parte más compleja y costosa del proceso, que es el juicio de fondo, cuando en realidad debería ser por la parte más ágil y gratuita, que son los métodos alternos de resolución de disputas, como es la conciliación y la mediación”, insistió el Presidente del Poder Judicial.

Explicó que este centro representa un paso hacia la modernidad en la forma de administrar una justicia más humana y empática en nuestro país. El 9 de marzo de 2006, el pleno de la Suprema declaró como política pública la implementación y promoción de los mecanismos alternos de resolución de conflictos en los tribunales de todo el país.

Autoridades que asistieron al acto de inauguración

Estuvieron presentes el magistrado Etanislao Rodríguez, miembro del CPJ; Walter Cordero, coordinador de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del Poder Judicial, y el magistrado Eduardo Sánchez, presidente en funciones de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo y Nidia Reynoso, coordinadora del centro inaugurado. fuente elcaribe.

SANTO DOMINGO - (República Dominicana)- El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Alvarez, reveló anoche que 3,498 funcionarios, la mayoría municipales, no hicieron sus declaración jurada de bienes, como establece la Ley 311-14, por lo que están omiso y sujeto a sanciones.

Sin embargo, dijo que todos los funcionarios del Gobierno central ya lo hicieron y solo dos diputados no lo han hecho.

“El gran problema ha sido con la municipalidades donde hay unos 3,498 omisos, entre estos alcaldes, directores de distritos municipales, vocales y regidores”, dijo, al indicar que muchos ya han dejado del cargo.

Exhortó a la Federación Dominicana de Municipio (Fedomu) y a la Federación de Distrito Municipales (Fedomin) a conminar a sus miembros a cumplir con la ley.

Alvarez habló con periodistas en el conversatorio sobre declaración jurada de bienes, en la parroquia Santísima Trinidad, organizado por el Centro Juan XXIII que presidente Franco Oliva. También expusieron Fernando Ferrand y Julio Roja, del Pepca, que analizaron los logros y sus limitaciones de esa legislación.

“Cuanto detectamos ciertas irregularidades las remitimos al órgano correspondiente. Cuando es de orden penal, es la Procuraduría y en caso del Gobierno central se solicita al Presidente de la República que destituya al funcionario implicado”, explicó.

Dijo que la Cámara de Cuentas con solo 500 empleados y muchas limitaciones, pues su presupuesto es de RD$864 millones, fiscaliza a 3,328 instituciones.

Jean Rodríguez encabeza destrucción de otras 800 máquinas tragamonedas confiscadas por operar de forma ilegal

SAN CRISTÓBAL-(República Dominicana)- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, encabezó este lunes en la comunidad de Haina, el acto de destrucción de otras 800 máquinas tragamonedas que fueron incautadas por operar de manera ilegal en distintos establecimientos del país.

Al pronunciar un discurso en el marco de la actividad, Rodríguez explicó que esta es la segunda destrucción de este tipo de máquina que se realiza producto de un segundo operativo nacional contra el uso de esas máquinas en lugares no autorizados por ley, como parte del seguimiento a las labores iniciadas el 8 de julio del pasado año para combatir el uso ilegal de esos aparatos.

Indicó que esos trabajos son realizados por el Ministerio Público con la cooperación del Ministerio de Defensa y de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN) de esa institución castrense, así como de la Policía Nacional.

Destacó que con estas nuevas ochocientas máquinas, suman 1,800 las destruidas desde el pasado año, incluyendo los aparatos que fueron confiscados recientemente en un operativo que encabezó de manera personal y que abarcó distintos sectores del Gran Santo Domingo, durante el cual se confiscaron cientos de máquinas tragamonedas, armas, dinero en efectivo y documentos, además de que fue desmantelado un centro de acopio y distribución ilegal de esas máquinas, que operaba en la avenida 27 de Febrero casi esquina Privada.

“Con esta nueva acción con la cual buscamos erradicar el uso ilegal de las máquinas tragamonedas, seguimos cumpliendo la promesa hecha a la ciudadanía durante los encuentros comunitarios, donde nos manifestaron su preocupación por la proliferación de estos aparatos y el daño que les estaban ocasionando a las comunidades, provocando deserción escolar, afectando la economía familiar y muchas veces generando situaciones de violencia en los hogares”, expuso.

Dijo que desde la realización del gran operativo nacional en el mes de julio del pasado año, instruyó a las fiscalías implementar un plan de prevención y seguimiento a las acciones ejecutadas contra las máquinas tragamonedas, el cual se desarrolla a través de las fiscalías de los diferentes departamentos judiciales del país.

El jefe del Ministerio Público recordó que la operación de estos aparatos en colmados, drinks y billares, entre otros establecimientos, constituye una violación a la Ley No. 29-06, que regula la instalación de las máquinas tragamonedas, las cuales solo están autorizadas para casinos y las bancas de apuestas deportivas siempre y cuando no estén ubicadas en secciones o parajes, al igual que aquellas que se encuentren a menos de 500 metros de la entrada de escuelas públicas, hospitales e iglesias donde son posibles reuniones de menores en torno a esas actividades de grupo.

Tras advertir que se mantienen firme en sus propósitos de erradicar esta actividad ilegal, que afecta principalmente el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, adelantó que continuarán realizando operativos sorpresa en todo el país.

La Procuraduría General de la República recordó a través de un comunicado de prensa, que el 8 de julio del pasado año se hizo el primer operativo nacional que movilizó unos 4,000 servidores públicos, incluyendo más de 1,000 fiscales, 1,500 militares, 500 policías y 1,000 auxiliares, quienes visitaron más de 2,500 locales, incautando 1,000 máquinas tragamonedas y cajones, así como más de 5.3 millones de pesos.

Destacó en ese orden, que la política implementada desde el despacho del procurador desde esa fecha, ha sido seguir realizando estos operativos a nivel nacional para retirar los que operen ilegalmente y evitar la instalación de nuevos aparatos, producto de lo cual hoy se realiza esta segunda destrucción de máquinas tragamonedas.

En torno a los procesos judiciales que lleva el Ministerio Público por estos casos, recordó que recientemente les fueron impuestos tres meses de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, como medida de coerción, al imputado Felipe Santiago Toribio, quien fue arrestado en dicho centro de acopio junto a José Andrés Pérez, Theany Franco Sánchez y Héctor Villar Valdez a quienes también les fueron impuestas medidas de coerción consistentes en presentación periódica y el pago de una garantía económica de RD$100,000.00.

El acto de la destrucción de los ochocientos aparatos, que se llevó a cabo en las instalaciones de Parque Industrial de Haina, localizada en los Bajos de Haina, contó con la participación del mayor general del Ejército, Braulio Alcántara López, viceministro para Asuntos Militares; el director de la Regional Sur de la Policía Nacional, general Eduardo Alberto Then, y el coronel del Ejército Ricardo Castillo, director de la CIUTRAN, así como procuradores adjuntos, miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, procuradores de cortes titulares de las procuradurías regionales y fiscales titulares del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y San Cristóbal.