SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que notificó mediante acto de alguacil al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Procurador General, al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), y a los jueces coordinadores de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, así como a las empresas telefónicas Claro Dominicana, Altice Dominicana y Viva Dominicana, por supuesta intervenciones telefónicas.
El requerimiento hecho por los abogados Sigmund Freund, Antoliano Peralta, Luis Soto, Julio Peña Guzmán y Efrén Cuello advierte que la Procuraduría General de la República “se ha dado a la tarea” de intervenir los teléfonos de dirigentes políticos de la oposición solicitando “irregularmente” a los jueces coordinadores de los juzgados de instrucción autorización para la intervención de sus teléfonos, incluyéndolos en listados de supuestos procesos penales que lleva a cabo, identificando los números telefónicos de estos dirigentes con los nombres de los investigados en los referidos procesos.
“En consecuencia se les intima a que se abstengan de solicitar, autorizar o ejecutar cualquier procedimiento de intervención telefónica contra las personas previamente enumeradas; advirtiéndoles que de no obtemperar al presente requerimiento, mi requiriente procederá a reclamar sus derechos por todas las vías judiciales nacionales e internacionales, incluyendo las vías penales que la ley pone a su disposición”, precisan.
Los abogados recordaron  que el bloque de diputados del PRM dio a conocer la solicitud de intervención telefónica enviada por la Procuraduría General de la República al juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, en la cual los números de teléfonos de Sanz Lovatón fueron incluidos, atribuyéndolos al ex presidente del partido Andrés Bautista García, “incurriendo en una falsedad ante el referido juez”.
Además, que en fecha 24 de octubre de este año se difundió presuntamente una grabación telefónica ilegal de una conversación entre los diputados Rubén Maldonado y Henry Merán.
Resaltaron que el requerimiento a los funcionarios y a las telefónicas privadas se basa en que República Dominicana garantiza en su Constitución, en su Código Penal y en otras leyes y reglamentos el derecho a la intimidad de las personas y prohíbe la injerencia en su vida privada, y es signataria de prerrogativas consagradas en ese sentido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y otras convenciones y acuerdos.